Una denuncia de violencia sexual contra siete estudiantes sacudió a la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y abrió interrogantes sobre la actuación de las autoridades universitarias y policiales. El caso se remonta a octubre de 2024, pero volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas, después de que una demanda civil expusiera diferencias entre el testimonio de la denunciante y la información que recibió inicialmente la fiscalía.
La joven, identificada públicamente como Jane Doe para proteger su identidad, tenía 20 años cuando denunció que había sido abusada por integrantes de la fraternidad Chi Phi durante una fiesta. Según su presentación judicial, había consumido alcohol y fue presionada para ingerir otras sustancias hasta quedar en un estado de vulnerabilidad que le impedía reaccionar.
La controversia no se limita a lo que habría ocurrido aquella noche. El foco también está puesto en por qué la investigación penal no avanzó en un primer momento, pese a que la universidad llevó adelante un procedimiento disciplinario que terminó con expulsiones y suspensiones.
Mensajes y testimonios bajo la lupa
En la demanda civil, presentada en septiembre de 2026, la estudiante reconstruyó las horas previas al episodio y señaló que había llegado a la vivienda de Chi Phi después de pasar por su residencia y distintos bares. Allí, según su versión, consumió más alcohol y fue presionada para tomar ketamina y marihuana.
La presentación judicial también incorporó referencias a conversaciones de Snapchat entre integrantes de la fraternidad. Según documentos obtenidos por CBS News, en esos intercambios se habría compartido una fotografía de la joven dentro de la casa y aparecieron mensajes que invitaban a otros estudiantes a sumarse.
Los siete señalados negaron haber cometido delitos. Algunos sostuvieron durante el proceso interno de la universidad que los encuentros sexuales habían sido consentidos. La veracidad de las acusaciones y el alcance de las pruebas deberán determinarse en las instancias judiciales correspondientes.
La universidad sancionó a estudiantes, pero no hubo cargos penales
Cornell investigó el episodio entre mayo y junio de 2025. El procedimiento incluyó al menos 12 audiencias y entrevistas a más de 30 personas.
Como resultado, dos estudiantes fueron expulsados y otros dos recibieron suspensiones de al menos dos semestres. Otro de los señalados ya se había graduado cuando finalizó el proceso, mientras que dos fueron considerados no responsables de una infracción sexual. Además, la universidad cerró la sede de Chi Phi y posteriormente expulsó a la fraternidad del campus.
Sin embargo, esas decisiones no dieron lugar a una causa penal en aquel momento. La discusión actual gira en torno a la documentación que recibió la fiscalía del condado de Tompkins y a si contó con todos los elementos relevantes antes de decidir no presentar cargos.
El fiscal Matthew Van Houten afirmó que la declaración jurada que llegó a su oficina no describía una violación grupal ni señalaba que la joven hubiera sido drogada contra su voluntad. Según explicó, el documento presentaba el consumo de sustancias y la actividad sexual como voluntarios.
Pero una entrevista policial realizada semanas después del episodio contiene, según la información difundida, una declaración diferente: la joven habría expresado que estaba segura de haber sido violada. Van Houten sostuvo que no había visto esa transcripción y que desconocía algunos de los elementos que posteriormente salieron a la luz.
La Policía de Cornell aseguró que había enviado a la fiscalía la declaración jurada de la estudiante y una captura de los mensajes de Snapchat. La diferencia entre ambas versiones quedó en el centro de las preguntas sobre el manejo inicial del caso.
La fiscal general de Nueva York tomó el control
Ante la aparición de nuevos elementos, el 28 de septiembre Van Houten anunció que reabriría la investigación y que las pruebas serían presentadas ante un gran jurado para evaluar si correspondía formular cargos.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó la actuación de las autoridades y el 1 de octubre designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para hacerse cargo del expediente.
Con esa decisión, la investigación dejó de estar bajo la conducción de la fiscalía local. La nueva intervención deberá examinar tanto los hechos denunciados como las decisiones tomadas durante las primeras actuaciones y las pruebas que estuvieron disponibles para los investigadores.
Por su parte, Cornell aceptó avanzar con una revisión independiente de su respuesta institucional y manifestó que colaborará con las autoridades.
Qué puede pasar ahora
La causa tiene dos vías abiertas: la demanda civil impulsada por la estudiante y la investigación penal que ahora conduce la fiscal general del estado. Mientras la primera busca establecer responsabilidades por la vía civil, la segunda deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con cargos criminales.
Hasta el momento, ninguno de los siete estudiantes fue condenado penalmente por los hechos denunciados. La investigación deberá esclarecer qué sucedió en la fiesta, qué información conocían las autoridades desde el comienzo y si hubo fallas en la forma en que se recopiló o transmitió la evidencia.
El caso también volvió a poner bajo discusión la relación entre los procedimientos disciplinarios de las universidades y la respuesta de la Justicia ante denuncias de violencia sexual, especialmente cuando las decisiones iniciales pueden condicionar el avance de una investigación penal.