Las diputadas Leila Lloyd Jones, Rossana Artero, Ángel Tirso Chiquichano y José Giménez firmaron un escrito que ya está en manos del fiscal Rodríguez. La nota fue acompañada con documentación y solicita al Ministerio Público Fiscal que abra una investigación por presuntas irregularidades en el cobro del Fondo Ambiental Provincial, conocido como canon al cajón de langostinos.
“Nos presentamos a los fines de requerir que se investigue de oficio la eventual comisión de los delitos previstos en el Código Penal en los artículos 248 y 249 o la eventual configuración de alguno de los delitos contra la administración pública, o bien lo que su criterio entienda, de las circunstancias y constancias que se ponen en su conocimiento, respecto a si se configura o no un delito y, en su caso, ante qué tipicidad conductual estamos”, esgrime el escrito.
Los diputados recuerdan que, desde el 23 de mayo de 2018, se encuentra vigente la Ley I N° 620 y sus modificatorias. Por virtud de ésta, la autoridad de aplicación debe perseguir el cobro del canon allí establecido a los sujetos obligados al pago.
“Lo cierto, ya que es de conocimiento público (atento que ha tenido gran trascendencia en diversos medios de comunicación) es que los sujetos obligados al pago se niegan abiertamente a abonar el mismo, al tiempo que la autoridad de aplicación tampoco ha ejercido todas sus facultades legales ni adoptado todas las medidas a su disposición en orden a instar el efectivo cobro del canon dispuesto legalmente”, advierten los cuatro diputados de Chubut Unido.
La presentación señala que desde la Legislatura Provincial se ha requerido a la autoridad de aplicación un informe mediante resolución N° 137/20 sobre el estado de situación de la percepción del gravamen.
“Dicho informe ha sido contestado de forma displicente, exigua o bien complaciente en relación al sujeto pasivo obligado”, indica la nota que recibió el fiscal, en clara alusión al subsecretario Micheloud, quien fue el que firmó la respuesta al pedido de informe requerido por legisladores.
“Por lo expuesto, se solicita que, en uso de las facultades que posee por virtual del ordenamiento jurídico, inste la investigación correspondiente a los fines de determinar si estamos ante una de las conductas tipificadas en el Código Penal”, concluye.
