“Los precandidatos tendrían que pronunciarse sobre este tema. Si creen o no que debería ser servicio púbico. Es el momento de jugarse. Cuando votamos un legislador debe saber cuál es su posición en temas tan sensibles”, dijo el actual senador.
El proyecto de ley incorpora los conceptos del DNU 690 que declaró como servicio público esencial y en competencia a la telefonía fija y móvil, a internet y a la tv paga.
“La ley le da una robustez a la iniciativa del presidente Alberto Fernández que no la tiene un decreto que ya está judicializado”, señaló el senador en diálogo con Te´lam.
En coincidencia con el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados, Pablo Carro, remarcó que la iniciativa “repara el decreto 267 del año 2015 que derogó artículos de a ley Argentina Digital y la ley de servicios de Comunicación Audiovisual” (ley de Medios).
Subrayó que el “momento es oportuno” en un contexto de “judicialización” de las normas vigentes, así como por “el agravamiento de la falta de conectividad y el nivel de costos que estamos teniendo, hay que actuar ya”.
Remarcó que “hay provincias que apenas llegan al 30% de conectividad”.
“El acceso a internet como derecho humano ya lo determinó las Naciones Unidas en el 2011, no estamos descubriendo nada nuevo” y consideró que “no hay forma de refutar” la necesidad de considerar internet un servicio público “porque perjudicamos a los más vulnerables que son los que no tienen conectividad”:
El proyecto de ley, si bien es una ley marco, faculta a la autoridad de aplicación a “en casos excepcionales proponer la gratuidad del servicio para garantizar el acceso a la educación y a la salid”.
“Estamos hablando de empresas que han multiplicado por tres sus ganancias en pandemia. Han distribuido más de mil millones en dividendos. Si hay un ganador en la pandemia son las corporaciones tecnológicas, porque todos dependíamos de ellas, incluso el Congreso para poder sesionar”, enfatizó .
Al respecto aclaró que ya desde la reglamentación del decreto 690 y para replicar en la reglamentación del proyecto de ley “no se puede tener el mismo tratamiento para las grandes empresas que para las pymes y las cooperativas”.
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