El proyecto que apunta a cobrar el Impuesto Inmobiliario Rural después de 16 años generó polémica en la Legislatura meses atrás, cuando el ministro de Economía, Oscar Antonena, y su equipo se reunieron con diputados provinciales de todos los bloques para exhibir el plan económico que respalde la renegociación de la deuda con los bonistas internacionales.
La explicación en aquella cumbre fue escueta y en la exposición quedó en claro que la puesta en marcha de este programa solo generaría ingresos extra por $ 200 millones. Sin embargo, la nueva estimación quedó por la mitad y Touriñán simuló una recaudación de $ 100 millones anuales.
Además de los reparos de los diputados por la exigua recaudación, otro de los planteos fue el “ahogo” que generaría esta medida al sector agropecuario de Chubut en un contexto de “abandono de campos” por la nula rentabilidad. Como si fuera poco, se suman otros factores como el climático, el abigeato y los depredadores, que dejan sin margen a los productores.
En el plan de recuperación de ingresos de Touriñán, que fue presentado al Gobierno Nacional semanas atrás para recibir asistencia financiera, indica que el Impuesto Inmobiliario Rural no se cobra desde 2004 “por distintos motivos”, pero con la firme convicción de “ponerlo al cobro a partir de enero de 2021”.
“En el mes de octubre de 2020 la base de datos de contribuyentes y el sistema de facturación estaría concluido para ponerlo operativo a partir del mes de enero 2021”, sostiene el plan de trabajo económico a corto plazo elaborado por el asesor que tiene una excelente consideración por parte del gobernador Mariano Arcioni.