El gobernador Mariano Arcioni junto a otros 16 mandatarios provinciales alineados con el Gobierno Nacional emitieron un comunicado titulado “el federalismo no se negocia”, en el que dejan de relieve su “profunda preocupación por la injerencia indebida” por parte de la Corte Suprema en el traspaso de los fondos de seguridad.
El escrito advierte sobre una “acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”.
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, advierten.
Este miércoles vence el plazo de 15 días que había dado la Corte para que representantes de Nación y Ciudad sigan negociando en pos de alcanzar un consenso.
“No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, argumentan en el escrito.
Además, denuncian una pérdida de las provincias de aproximadamente 500.000 millones de pesos, junto con una “concentración” del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la Ciudad.
En tanto, este miércoles funcionarios del gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires mantendrán un encuentro en el que intentarán un acuerdo sobre en qué plazos se tiene que llevar a cabo el traspaso de fondos para la seguridad.
De no lograrse un acuerdo, la Corte podrá definir sobre una demanda que inició el Gobierno porteño y que contempla un reclamo que supera los $ 200.000 millones, teniendo en cuenta la deuda por coparticipación de Nación entre 2020 y 2021 y la que se sumará este año.
Por eso, los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, San Luis , Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe publicaron el documento asegurando que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos”.