Esta decisión tomada por el Consejo de la Magistratura ha generado controversia y preocupación por su legalidad y el impacto en la institucionalidad de la Provincia.
Al respecto de la situación el legislador País expresó que “el Consejo de la Magistratura, como si fuera una agencia de colocación o una oficina de recursos humanos, dispuso que una jueza penal de Comodoro Rivadavia, la Doctora Martini, fuera trasladada por razones familiares a la ciudad de Rawson para que cumpla la misma función,” y agregó que “esta resolución se da de bruces con todo nuestro sistema constitucional.”
Pais continuó: “Se estaría abriendo una caja de pandora para que todos los magistrados en la Provincia de Chubut puedan pedir traslado de una ciudad a otra en función de su conveniencia personal”.
El diputado enfatizó que “el artículo 166 de la Constitución Provincial es claro y concreto al respecto, y aquello que pretenden ampararse en el artículo 170 están equivocados.”
Por su parte, la diputada oficialista, María Andrea Aguilera respaldó las palabras de Pais y añadió: “Cada llamado a concurso que realiza el Consejo de la Magistratura especifica la circunscripción para la cual se está llamando. No se llama a cubrir el cargo de juez para la provincia, es un juez de la circunscripción para la cual fue concursado y elegido.”
Aguilera destacó la posición Presidente del Comité del Consejo de la Magistratura: “El Doctor Lucchelli sostiene que la señora Magistrada cometió un error importante al decir que había sido elegida jueza de la provincia sin distinción de jurisdicción territorial”.
Aguilera también mencionó fallos relevantes de la Corte Suprema de Justicia, mencionando que “la Corte hace especial hincapié que la única vía de ingreso es mediante el concurso y la aprobación legislativa como lo prevé la Constitución pero que si se acepta esta decisión del Consejo de la Magistratura, se habilitaría una nueva vía, el acceso a los cargos por traslado. No se pueden asimilar traslado con nombramiento, y la única forma de acceder de modo definitivo a la magistratura es conforme el mecanismo de los artículos de la Constitución Nacional, asimilables en este caso a los nuestros”.
En su conclusión, Aguilera expresó su preocupación con las decisiones que está adoptando el Consejo de la Magistratura. Aseveró que “no podemos permitir que se genere una injusticia para las jurisdicciones más difíciles de vivir, utilizándolas como peldaños para luego trasladarse a lugares más convenientes.”